La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo arremetió ayer contra la Ley de Costas española. Diputados laboristas y conservadores británicos criticaron la norma porque, en su opinión, confisca bienes a ciudadanos de buena fe. “A mis votantes les recomiendo que no se compren una casa en España”, dijo el conservador Roger Helmer. La directora general de Costas, Alicia Paz, defendió que la Constitución define la primera línea de playa como dominio público y que todos los Gobiernos han aplicado la ley desde que se aprobó, en 1988. Esto fue una alusión al PP, después de que Carlos Iturgaiz criticara la “confiscación de bienes a los propietarios, que se convierten en okupas”. Hoy hablarán en Bruselas los afectados.

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La Comisión de Peticiones, que ya cargó en un duro informe contra el urbanismo en España, la emprende ahora contra la Ley de Costas. Ha recibido “decenas de quejas” de británicos, alemanes y españoles por lo que consideran una aplicación abusiva de la Ley de Costas, que transforma en concesión de 60 años las casas construidas legalmente antes de 1988 en dominio público. Las construidas ilegalmente deben ser demolidas.

Helmer fue muy duro: “Si España fuera a entrar hoy en la UE tendría muchos problemas por vulnerar el derecho a la propiedad”. El laborista Michael Cashman no se quedó corto: “Hay mucha corrupción, algo que empaña la imagen de España. (…) Es un país totalitario”.
Compras de buena fe

Muchos jubilados europeos, la mayoría británicos y alemanes, compraron casas en primera línea de buena fe, sin que ni el banco ni el notario les advirtiera de las servidumbres. Luego descubrieron que no podían venderlas porque no eran dueños, sino poseedores de una concesión. Sus protestas llevaron a Londres y Berlín a presionar a España para suavizar la norma.

Alicia Paz dijo: hay “mucha confusión” con la ley. “Hablan de Cho Vito [un poblado canario derribado] pero todos los tribunales han dicho que esas viviendas fueron construidas allí ilegalmente”. La Constitución, añadió, “ya hizo dominio público” la estrecha franja junto al mar, algo que “obliga a primar el interés general sobre el particular”. Paz señaló que, desde 1978, lo construido allí es propiedad estatal y recordó que el Constitucional avaló la expropiación mediante una concesión de uso.