Hasta ahora, en Orfeu.es hemos acudido a la mayoría de  las llamadas de Greenpeace para sus “ciberacciones”. Sin embargo en este caso no colaboraremos ni creemos que Greenpeace tenga autoridad moral para solicitar una actuación con el objetivo de  evitar una ley en la que “unos pocos” saldrán beneficiados, cuando la Ley actual ha estado beneficiado a “unos cuantos” sin que el grupo ecologista haya mediado palabra.

Es verdad, y así lo hemos reflejado en varias ocasiones, que Greenpeace ha denunciado hasta el 2007 el gran daño que ha sufrido el litoral con permiso de Medio Ambiente y alguna Autonomía. A partir de ese año, las denuncias han apuntado  a los ayuntamientos, “liberando”  en gran medida de esa responsabilidad al gobierno central, cuando exísten construcciones autorizadas actualmente por Medio Ambiente que siendo legales, muestran un asombroso desprecio por la naturaleza.

Probablemente estos hechos sean casuales y no le restan mérito a la conocida asociación. Sin embargo existen sucesos, alguno  grave, que sí ponen a Greenpeace en evidencia. En este caso hablamos de Villa PPSOE. ( mal llamado villa PSOE).

Salvo una leve referencia en su anuario, jamás se les ha escuchado hablar en voz alta de la que probablemente haya sido la mayor manifestación del desinterés medioambiental, del escaso rigor de las leyes, del mal uso del poder y de la manipulación informativa en un caso que implica a militantes influyentes del partido del gobierno y la oposición, entre otros.

Este desitenterés ante este abuso, convierte a los grupos ecologístas con la excepción de Salvemos Pontevedra, en alcahuetes de una actuación que ha sobrepasado los límites lógico-ecológicos para hacer legal la corta de 280 pinos y fabricar una residencia al lado del mar en la que políticos del PSOE y del PP, mantienen una sólida relacción solapada por la prensa, en una de las mayores representaciones de estado totalitarista.

Que sepamos, hasta ahora y salvo alguna excepción, en la aplicación de la Ley de Costas se han cebado con los más débiles cuya legalidad era incuestionable en 1988 y se han legalizado macro-construcciones impensables según los objetivos de la propia Ley después de esa fecha, y a Greenpeace no se le ha visto el pelo.