Visto en eldia.es y sanborondon

Dos parlamentarios proponen a la Cámara europea que el Gobierno español
pague una compensación íntegra sin demora a quienes la Dirección General
de Costas demolió sus casas el 7 de octubre de 2008 y que la Comisión
de la UE suspenda el pago de los Fondos Estructurales a España hasta que
cobren los afectados.

Los parlamentarios europeos Andrew Brons y Nick Griffin (del Partido
Nacional Británico) proponen a la Cámara de la Unión Europea (UE), a
través de una declaración por escrito, que haga un llamamiento al
Gobierno de España para que “pague sin demora una compensación íntegra a
todos los afectados” por las expropiaciones y demoliciones realizadas
en virtud de la aplicación de la Ley de Costas. Es decir, que los
vecinos de Cho Vito a los que la Dirección General de Costas destruyó
sus 23 viviendas el 7 de octubre de 2008 deberán recibir una
indemnización económica del Estado.

Asimismo, piden a la Comisión Europea (CE) que “suspenda el pago de
créditos procedentes de los Fondos Estructurales a España hasta que se
haya resuelto esta cuestión o, en todo caso, por el plazo máximo
autorizado”.

Este documento debe ser respondido en breve por el Parlamento de la
UE y sus autores se amparan en la normativa vigente, entre la que citan
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo
artículo 17 se establece el derecho de las personas a disfrutar de los
bienes adquiridos legalmente, usarlos, disponer de ellos y legarlos sin
que puedan ser privadas de los mismos salvo por utilidad pública “y a
cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su
pérdida”.

La propuesta de ambos parlamentarios también menciona el Convenio
Europeo de Derechos Humanos aludiendo a que la cesión obligada de
propiedades privadas legalmente adquiridas “sin procedimiento regular y
sin indemnización conveniente constituye una violación de los derechos
fundamentales de la persona”.

Todo ello se sustenta en la Resolución del Parlamento Europeo de 26
de marzo de 2009, en la que pide a España “que respete los derechos
individuales de los ciudadanos europeos penalizados por la aplicación de
la Ley de Costas española”. Todo el planteamiento que hacen por escrito
Brons y Griffin se refiere a los problemas relacionados con los bienes
expropiados y demolidos en virtud de la mencionada Ley de Costas en todo
el país, si bien el caso de Cho Vito, en Candelaria, es uno de los más
significativos.

Tras la visita a Bruselas

Este pronunciamiento es fruto de la intervención que tuvo el portavoz
de los vecinos de Cho Vito, Tomás González, ante la Comisión de
Peticiones del Parlamento europeo a finales del pasado mes de marzo. En
la misma fue proyectado un documental reflejando la intervención de las
fuerzas de seguridad aquél 7 de octubre de 2008 en Cho Vito, lo que
llevó a varios europarlamentarios a sugerir la congelación de los fondos
que la UE aporta a España.

El propio González mostraba ayer su satisfacción por este
planteamiento de los miembros de la Cámara europea, que se produce en un
momento delicado para las nueve familias que aún quedan en el poblado
marinero. La Dirección General de Costas les ha comunicado que, en
virtud de una sentencia, tienen de plazo hasta el 20 de septiembre
próximo para retirar todos sus enseres y desalojar las casas a fin de
proceder a su demolición posterior.

Esta medida será recurrida a través de la Audiencia Nacional, foro
judicial al que pedirán que revise y anule el deslinde
marítimo-terrestre por el que pretenden desalojarlos. Esta solicitud se
sustenta en una sentencia del mismo órgano judicial que beneficia a los
habitantes de Punta Larga.