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La hermana de Manuel Chaves tiene también una vivienda en situación irregular

 

Rosa María Chaves, hermana del presidente de la Junta de Andalucía y una de los hermanos que trabajan en la Administración Pública andaluza, tiene una propiedad en Huelva que puede considerarse irregular a tenor de lo que se dice en el Boletín Oficial de Huelva del día 30 de noviembre de 2007.

Fuentes: www.libertaddigital.com y www.elmundo.es

 

Al parecer, la hermana del presidente de la Junta conocía perfectamente la situación irregular de la finca cuando la registró

 

Más de 200.000 viviendas están en situación irregular en Andalucía con la gestión socialista en la mayoría de los Ayuntamientos y en la Junta de Andalucía

 

 

LD (Pedro de Tena) Se trata de un expediente relativo a la finca registral número 7471 del municipio onubense de Cartaya, “la cual se encuentra en su totalidad de su superficie en el dominio público marítimo-terrestre determinado por Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1989. Es decir, dicha vivienda se encuentra de hecho en situación irregular y el servicio de costas trata de contactar con Rosa María Chaves en su domicilio, pero, al parecer, la notificación efectuada en junio de 2007 fue considerada infructuosa.

Por ello, el 22 de octubre este Servicio de Costas de Huelva anuncia en el Boletín de la Provincial de Huelva lo que no había podido comunicar personalmente a los interesados, Rosa María “Chati” Chaves y su esposo. Lo que quería el Servicio de Costas era comunicar al matrimonio la iniciación de un expediente “tendente a la determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha finca, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas. Por ello, le significan que disponen del plazo de unes para alegar lo que estimen conveniente.

Dado que la finca referida aparece afectada por un deslinde aprobado por Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1989 en la playa de El Portil, en el término municipal de Cartaya, puede deducirse que la vivienda de Rosa Chaves incumplía la legalidad vigente en materia de costas y que, por ello, se trata de una vivienda en situación irregular.

El texto completo del BOP es el siguiente:

Expediente de determinación de los derechos que pudieran corresponder a D. Javier Ferraro García y Dª Rosa Mª Chaves González en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costasen relación con Finca afectada por el deslinde aprobado por O.M. de 14 de septiembre de 1989, en la playa de El Portil T.M. de Cartaya (Huelva). (RP-427)

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, notifica a D. Javier Ferraro García y Dª. Rosa Mª. Chaves González, el contenido de su escrito de fecha 18 de junio de 2007, al haber resuelto infructuosa la notificación dirigida al domicilio disponible de dichos señores.

En relación con la finca registral n° 7471, de Cartaya, la cual se encuentra incluida en la totalidad de su superficie en el dominio público marítimo-terrestre determinado por OM. de 14 de septiembre de 1989, este Servicio le comunica que se va a iniciar un expediente tendente a la determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha finca, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, significándole que dispone de un plazo de UN MES, contado desde la publicación del presente anuncio, para alegar lo que estime conveniente al respecto, aportando la documentación que, a su juicio, justifique el derecho que considere que le corresponde. El plazo consignado comenzará a contar desde la fecha de aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

Huelva, 22 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio Provincial, Fdo.: Gabriel Jesús Cuenca López.

Al final del documento del registro de la propiedad donde consta la finca 7471, propiedad de la hermana de Chaves y su marido, se dice “GRAVADA con la anotación preventiva letra B de DOMINIO PÚBLICO, conforme al artículo 29 del Reglamento de Costas.” Esta advertencia parece indicar que la hermana del presidente de la Junta conocía perfectamente la situación irregular de la finca cuando la registró.

 

Más de 200.000 viviendas están en situación irregular en Andalucía con la gestión socialista en la mayoría de los Ayuntamientos y en la Junta de Andalucía.

 

Como resulta evidente, la situación de Chiclana, siendo como es una de las más graves de la geografía andaluza, no es la única. Si se calcula que en esta localidad el número de viviendas ilegales es de 40.000 podemos deducir que se trata sólo del 20 por ciento del total de las irregularidades que inundan el territorio andaluz, un territorio sobre el que sólo ha gobernado el Partido Socialista en la mayoría de los Ayuntamientos desde 1979 y en la Junta de Andalucía desde 1982.

Contaba ABC que “dos de las más importantes bolsas de viviendas ilegales están en Marbella (Málaga) y Chiclana (Cádiz). De sus respectivos planes urbanísticos se ha encargado y se encarga la empresa Territorio y Ciudad, al frente de la cual se encuentra el arquitecto y urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. En Marbella, el nuevo PGOU, contempla la regularización de 16.000 viviendas. Y en Chiclana, una oficina de Fusteguera forma parte del equipo que se encarga de asesorar a los vecinos para la legalización de sus casas, unas 10.000.”

En la Comunidad andaluza se calcula que son más de 200.000 las viviendas que se encuentran al margen de la legalidad, al ocupar suelos no urbanizables Si bien no existe un censo oficial, sobre la mencionada cifra parece que tanto la Administración , como la Oficina del Defensor del Pueblo y los partidos políticos están de acuerdo con que se aproxima mucho a la realidad.

Un informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2000 contabilizó 190 municipios afectados por urbanizaciones ilegales. Dos años después se modificó la Ley del Suelo, y los jueces comenzaron a ordenar la paralización de construcciones, concluyendo algunos procesos con la demolición de los edificios, según el mismo informe de ABC.

Según El Mundo, en 2006, el mapa de las irregularidades urbanísticas era el siguiente:

Epicentro de la corrupción urbanística en España, la 'operación Malaya' (marzo 2006) puso contra las cuerdas a todo el Consistorio marbellí, implicado junto a empresarios y abogados en una compleja trama delictiva acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias… Los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe y el ex concejal de Urbanismo, Juan Antonio Roca ('cerebro' de la red), son los principales imputados.

 Además, la Junta ha anunciado que exigirá la demolición de 5.000 viviendas construidas en terreno público, sobre las que pesa una sentencia firme del TSJA.

La 'operación Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de esta localidad y la sociedad Royal Marbella Estates S.L.,propiedad de los imputados en la operación. El alcalde, Pedro Tirado (independiente procedente del GIL), dimitió tras ser encarcelado. Además, la concejala Antonia Muñoz (IU) está denunciada por la concesión de una licencia que no se adaptaba a la normativa vigente. También están denunciados los 10 concejales que en 2004 votaron a favor de la ejecución del parque ferial del municipio.

El alcalde, Juan Vera (Partido Andalucista), el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento fueron denunciados por la Fiscalía de Medio Ambiente en junio de 2006 por la construcción de más de 2.000 viviendas en terreno no urbanizable. También se investiga la autorización de nueve promociones presuntamente ilegales.

El regidor, Antonio Barrientos (PSOE), ha sido muy criticado por el convenio urbanístico para incrementar la edificabilidad del campo Atalaya Golf y construir 135 viviendas. Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la 'operación Malaya', está relacionado con este proyecto, que de momento ha sido paralizado. Además, el grupo Convocatoria (escisión de IU) denuncia el plan de urbanismo para levantar 80.000 viviendas en diez años. Estepona cuenta aún en la actualidad con expedientes de la era Gil en el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables.

Al alcalde, Enrique Bolín (independiente, expulsado del PP en 1989 tras ser detenido en posesión de droga) se le acusa de reiteradas concesiones de licencias ilegales. La autorización en 2004 para levantar un edificio en una zona destinada a viviendas unifamiliares y un convenio urbanístico que permitía a Rafael Gómez Sánchez (en libertad bajo fianza tras ser detenido en la segunda fase de la 'operación Malaya') duplicar la edificabilidad en un complejo residencial, son algunos de los casos más 'sonados'. Ya a finales de los 90 el PP denunció públicamente que el primer edil contrataba sistemáticamente servicios y adquiría bienes a empresarios afines.

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Fuente original de la información de la noticia eliminada: libertaddigital.com , elmundo.es y http://www.gaucin.tv/ (Sentencia)

• diariosur.es
• lavanguardia.mobi
• elconfidencial.com
• laopiniondemalaga.es
• elpais.com
• ABCdesevilla.es

El alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación por conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.

El alcalde Juan Martín Serón y el concejal de Urbanismo Cristóbal Guerra (ambos del PP) fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. El edil Juan Martín Serón fue dejado en libertad, sin fianza y sin cargos. Aún así prosiguen las investigaciones e Izquierda Unida pide su dimisión.

El alcalde, Agustín Pavón (IU), los concejales Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA) y el empresario Eugenio Gaviño son investigados por intentar presuntamente comprar el voto de una concejala para conseguir la recalificación de unos terrenos.

El primer edil, José Juan López (PSOE), su primo y dos conejales son investigados también por la compra de terrenos antes de su recalificación.

Un colectivo de vecinos denuncia el plan para la recalificación de 20 hectáreas de terreno rústico que pertenecen a una empresa cuyo administrador único es el concejal de Urbanismo.

El empresario Eusebio Gaviño, primo del alcalde (Baldomero Gaviño, independiente) e implicado en el 'caso Camas', ha sido investigado por intentar presuntamente comprar, en representación de un grupo inmobiliario de Madrid, el voto de algunos concejales a favor de la moción de censura contra el anterior edil socialista y que dio la Alcaldía a su primo. El caso fue sobreseído en noviembre de 2006.

El alcalde, José Luis Vega (IU), ha sido denunciado por permitir a una promotora construir más superficie y más viviendas de las permitidas en la zona de Marina de la Algaba , que ha terminado invadiendo zona de costa junto al río Guadalquivir.

Todos los concejales de este municipio (PA, PP y PSOE) son investigados por la concesión de licencias a extranjeros para la construcción de 1.300 chalés en terrenos rústicos.

El primer edil, Cristóbal Fernández (PSOE), inhabilitado por el TS para un periodo de seis meses por un delito electoral (coacción de voto), está demás imputado por seis supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel 'El Algarrobico', en el Parque Natural del Cabo de Gata. Además, las obras de construcción de este hotel, sobre suelo no urbanizable, fueron paralizadas en febrero de 2006 y en mayo se anunció su derribo. Una vez finalizado el periodo de inhabilitación, Cristóbal Fernández dimitió, junto a su hermana, al ser condenado.

El Ayuntamiento que rige Andrés Segura (PSOE) firmó un convenio con Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández para legalizar 28 viviendas ilegales a cambio de 2,6 millones de euros. El PP denuncia que la promotora pagó más dinero que el recogido en el convenio.

El alcalde, Joaquín García (PSOE), ha permitido construir cuatro veces más de lo permitido en el Parque Natural de Gata. Ecologistas en Acción le ha denunciado por regalar al ex concejal José Cayuela Carrique, actualmente constructor, un solar en Agua Amarga para la construcción de una urbanización privada.

La 'guerra de los centros comerciales' enfrenta al Ayuntamiento que rige Gabriel Amat (PP) con el Gobierno autonómico (PSOE). La Junta ha perseguido el cierre del único centro comercial en este municipio (Gran Plaza) para favorecer a otro (Hipercopo) en El Ejido, que cuenta entre sus accionistas con el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Juan Callejón. En 2002 se declaró nula la licencia de apertura y el TSJ de Andalucía ratificó la nulidad el 9 de octubre de 2006. Los roqueteños denuncian que la Junta está perjudicando los intereses comerciales de este municipio en favor de El Ejido.

Los alcaldes de Albox, Oria, Cantoria, Garrucha y Partaloa están imputados por diversas irregularidades urbanísticas, como conceder licencias en suelos no urbanizables. Acumulan más de 200 irregularidades.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante Medio Ambiente que las obras de urbanización entre El Vigía y la carretera Huelva-Mazagón, a la altura del Paraje Natural Laguna de Las Madres, están dañando una zona de gran valor ecológico de flora y fauna. El colectivo denunció en septiembre de 2006 que las obras habían comenzado sin ningún cartel que identifique ni a los promotores ni el proyecto.

El alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (condenado por malversación de fondos públicos en el caso 'Tropical Fruits' e investigado también por irregularidades en unas facturas del Ayuntamiento en su campaña electoral), está acusado de un presunto delito de alzamiento de bienes. Además, el PP se ha querellado contra él por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas en relación con unas obras de asfaltado. No deja de ser curioso que el alcalde quiera someter el PGOU a referéndum, solicitud que se le ha denegado.

Ogíjares

El concejal de Urbanismo y diputado nacional José Luis del Ojo (PP) dimitió de su cargo en el Consistorio en octubre de 2006 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. El ex edil es acusado por el PSOE de fraccionar obras de pavimentación y canalización para, al hacerlas menores, evitar sacarlas a concurso público y apalabrarlas personalmente.

El concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió de su cargo en octubre de 2006 ante las acusaciones del presunto origen fraudulento de su patrimonio, varios pisos y un solar valorados en un millón de euros, que él ha justificado asegurando que le tocó la lotería en la Navidad de 1997. Se investigan además presuntas irregularidades en la licencia —impugnada por la Junta — que concedió el Ayuntamiento al empresario Tomás Olivo (implicado en la 'operación Malaya') para la construcción del centro comercial Nevada. El alcalde, José Antonio Morales Cara (PSOE), que no optará a la reelección en 2007, ha sido denunciado junto a un ex concejal y al promotor Olivo por un delito de prevaricación.

'Operación Pinsapar': El ex arquitecto municipal, Juan Prieto (PSOE), está en libertad con cargos por presunto delito contra la ordenación del territorio, falsedad y cohecho. Varios constructores le han acusado de cobrar comisiones y se le relaciona también con una construcción ilegal que obligó a desviar el cauce del Guadalete.

El ex alcalde Hernán Díaz Cortés (independiente, e inhabilitado por prevaricación), el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez Álvarez, y el actual candidato del PSOE, Ignacio García de Quirós, entre otros, han sido denunciados por Ecologistas en Acción por fomentar la especulación urbanística en contra del interés público. También hay presuntas irregularidades urbanísticas en la construcción del campo de golf.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peña (PP), ha sido acusado de prevaricación en los trámites del expediente de una urbanización privada.

El alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), se enfrenta a distintos contenciosos, uno de ellos por la venta de suelo municipal en el Camino de Sobrevela sin que respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. La denuncia partió del PSOE, informa la Agencia Efe.

El Albarracín también está experimentando un urbanismo desmedido, según asociaciones de vecinos y ecologistas. La Guardia Civil investiga presuntos delitos medioambientales.

Se investigan presuntas irregularidades del alcalde de este municipio, Miguel Manella (PSOE), en el proceso de adjudicación y construcción de un complejo comercial en el Castillo de Santa Catalina.

El primer edil, Ildefonso Gómez (PSOE), ha sido denunciado por el PP por la construcción de la finca La Bordalla en pleno Parque Natural de los Alcornocales. Se da la circunstancia de que el patronato que gestiona el Parque está presidido por el también socialista Agustín Cadenas. En dos años, el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos para edificar más de 2,6 millones de metros cuadrados.

El ex alcalde Juan maría Nieto (PSOE) está acusado por la concesión de licencias urbanísticas para construir en zonas protegidas.

Los ex alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona (Agustín Cuevas y Luis Mario Aparcero) han sido condenados e inhabilitados por intentar sobornar en 1999 a un edil del PP (Manuel Ramírez) con 50 millones de pesetas para que no prosperara la moción de censura contra el entonces alcalde, Cuevas. Un ex dirigente del PSOE local y tres empresarios estaban también implicados en el denominado 'caso Sanlúcar'.

Ecologistas aseguran que hay 8.000 viviendas ilegales. IU denuncia la falta de transparencia y oscurantismo del PSOE en esta localidad, al no informar de las seis sentencias que existen para la anulación del plan de urbanismo, que prevé construir 40.000 nuevas viviendas.

Juan Sevillano (PSOE) dimitió de su cargo de alcalde en 2002 tras ser condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación. Sevillano concedió licencias de obras en suelo no edificable a personas a las que él mismo había vendido terrenos.

Se investigan los presuntos pagos en dinero negro (entre 12.000 y 50.000 euros) que una promotora exigía en el proceso de venta de viviendas de protección oficial por unas terrazas que en las escrituras figuran como zonas comunes y de uso colectivo. Los afectados también han denunciado que ofreciendo dinero había mayores facilidades en el proceso de adjudicación.

El promotor Rafael Gómez, imputado en la 'operación Malaya', está obligado a replantar un encinar destruido por la construcción de dos urbanizaciones en Carrera del Caballo.

500 familias viven en casas levantadas desde 1994 sin licencia en las parcelas de Las Pitas, Córdoba La vieja y La Gorgoja II. Las tres parcelas están incluidas desde 2003 dentro de una zona BIC (Bien de Interés Cultural) donde hoy en día se sigue construyendo, según una denuncia de la Policía presentada ante la Fiscalía de Córdoba.

 Fuente Palmera (Córdoba)

El ex alcalde Antonio Guisado (PSOE) está imputado por un presunto delito urbanístico en relación con la venta de más de 21.000 metros cuadrados de suelo verde para construir viviendas. La ex concejala de Urbanismo Maribel Ostos y el ex secretario municipal Carmelo Tubío también están imputados.

35 personas están imputadas en un presunto delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de naves y chalés sin las licencias pertinentes.

La Fiscalía acusa a 12 personas, entre ellas al alcalde, Blas Sabalete (PSOE), por la construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona de El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el regidor.