IDEAL ha contactado con su hijo, José Manuel González, que destacó «los daños morales irreparables» que sufrió su padre durante todo el proceso.

Hay que remontarse a la ampliación de los límites del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar para conocer los antecedentes del caso. Entonces, en el año 1994, Martín Soler –actual secretario provincial del PSOE– era delegado de Medio Ambiente y Hermelindo Castro –actual director del Instituto del Agua– fue el encargado de elaborar el Plan de Ordenación de los Recursos que dio pie a la ampliación de este espacio natural.

Manuel González tenía más de 200 hectáreas que lindaban con el Parque Natural, en la zona de Rambla Morales –Níjar–. De ellas, la ampliación ‘cogió’ 131 hectáreas, que quedaron incluidas en este espacio. No obstante el propietario de los terrenos se enteró de que la Junta había calificado con el rango de máxima protección parte de su propiedad cuando un agente de Medio Ambiente se lo comentó, según detalló el hijo a este periódico. Entonces, en enero de 1996 inició su lucha contra la Administración autonómica.

La familia consideró en aquel momento que «se trataba de una expropiación encubierta», y al no poder transformar los terrenos en agrícolas ni dar uso alguno, decidieron acudir a los tribunales. Siempre les dieron la razón, tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –TSJA– que falló a su favor.

Pero la Junta no estaba dispuesta a tirar la toalla y sus letrados recurrieron al Tribunal Supremo –donde presentaron un recurso de casación– que han perdido. La sentencia firme, a la que ha tenido acceso IDEAL, se dictó el pasado mes de noviembre y declara «inadmisible» el recurso del Ejecutivo andaluz. En ella, se condena a la Junta a pagar las costas del juicio y a costear a los abogados de la familia de Manuel González, hasta un máximo de 1.500 euros. Pero lo más importante es que obliga a la Administración autonómica a expropiar los terrenos. Se trata de 113 hectáreas que el actual delegado de Medio Ambiente, Juan José Luque tendrá que adquirir, bien a través de una negociación con los propietarios o iniciando un proceso de expropiación.

En su día, el TSJA ya apuntó esta opción como la vía para solucionar el conflicto, después de que el abogado de Manuel González pidiera desde el principio que la Junta comprase, conmutase o expropiase los terrenos.

Cabe destacar que esta sentencia es individual. Es decir, que no puede ser utilizada por otros propietarios cuyos terrenos se viesen afectados en el año 1994 por la ampliación del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y es que, de no ser así, podrían sucederse ahora una cadena de demandas contra la Administración autonómica, en aras de lograr que expropie terrenos que tienen algunos propietarios completamente inservibles dentro de este espacio natural.

A pesar de que el Tribunal Supremo da ahora la razón a los familiares de Manuel González, cabe destacar que la sentencia en ningún momento valora que la ampliación del Parque tenga ningún defecto, sino que falla sobre este caso particular. A pesar de esto, su hijo considera que «no se siguieron criterios medioambientales» para llevar a cabo esta ampliación de límites: «Dudo que si los informes técnicos se hubiesen hecho con criterios ecológicos los límites estuvieran donde están en la actualidad», aseveró José Manuel González.