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Y ESTO ES LO QUE HA HECHO COSTAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS. MIENTRAS TANTO SIGUEN DERRIBANDO A LOS QUE MENOS RECURSOS TIENEN Y A LOS PROPIETARIOS ANTERIORES A LA LEY

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¿ES EL ESTADO UNA MAFIA?

Especial Denuncias

 

ESTRASBURGO (FRANCIA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE y el PP se culparon mutuamente del informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo, cuya ponente es la verde danesa Margrete Auken, que amenaza con congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

 

   Los eurodiputados socialistas españoles, que se abstuvieron en la votación final del informe, aseguraron que el responsable de esta condena es el Gobierno de la Comunidad Valenciana, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

 

   "En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, si se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual. En este sentido, reiteramos nuestra propuesta socialista de alcanzar un gran pacto social con el consenso de todos los actores sociales y políticos que potencie un urbanismo que vaya hacia el desarrollo sostenible y dé solución a las demandas de los peticionarios", afirmaron los socialistas en un comunicado.

 

   Explicaron que con su abstención querían mostrar "respeto" a las opiniones críticas de los denunciantes pero dejar claro que consideran "inaceptables" las injerencias del informe en competencias que no son de la UE. También precisaron que los dos informes anteriores sobre urbanismos en España aprobados por la Eurocámara "recogían críticas concretas a leyes específicas de la Comunidad Valenciana y se aportaban soluciones".

   En cambio, el informe aprobado este jueves "extiende la crítica de manera arbitraria y no da ninguna propuesta viable para resolver la situación en la que se encuentran cientos de ciudadanos europeos", señaló el PSOE.

 

   "Rechazamos la utilización chantajista de la posibilidad de congelación de fondos y el cuestionamiento de nuestro Estado de Derecho, así como la imposición indiscriminada de una moratoria que agrave la actual situación de crisis. Además, defendemos la actual ley de Costas como instrumento válido para la protección de nuestro territorio", insistió la delegación socialista española ante la Eurocámara.

 

   El PP español voto en contra del informe que condena el urbanismo en España y lo calificó de "aberración legal" porque "tacha a España de república bananera, la califica como un país en el que no se respeta el derecho de propiedad, en el que no existen tribunales a los que recurrir en caso de daños o cuando alguno se pronuncia no se aplican las sentencias".

 

   "Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, bajo la premisa del 'todo vale', incluido el desprestigio exterior de España", dijo el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo, en un comunicado.

 

  EL GOBIERNO AUSENTE

   García-Margallo acusó al PSOE de ser el principal instigador del contenido del informe "alimentando la fiera durante muchos años, desde antes de las pasadas elecciones autonómicas" y dijo que los socialistas no han querido "oír al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que quiso dar un giro de timón, asustado por lo que sus compañeros habían provocado".

 

   El eurodiputado popular lamentó que tampoco quisieran apoyar la resolución alternativa que había planteado el PP "que era una resolución que daba remedio a alguno de los problemas que se han detectado, moviéndose dentro de un respeto enorme en el terreno jurídico y que estaba respaldada por la opinión de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, que había dicho que el informe de Auken era un dislate desde la cruz a la raya".

 

   García-Margallo también criticó que el Gobierno español tampoco "diera la cara" ante la comisión de Peticiones, mientras que el Gobierno de la Generalitat Valenciana "acudió en nueve ocasiones a dicha comisión parlamentaria". "El Gobierno de Rodríguez Zapatero no se digno a comparecer y dejó todos los infundios sin desmentir a pesar de tener la obligación de defender los intereses de España y hemos terminado este expediente sin que nadie del Gobierno haya levantado la voz para defender el buen nombre de España y decir que es un Estado de derecho y no una república bananera", remachó.

 

   El eurodiputado del PP advirtió de que, si bien el informe "no tiene consecuencias legales", si tiene "consecuencias de imagen para España, que aparecerá en los medios extranjeros como un país "en la que se la puede robar su propiedad sin posibilidad de indemnización ni de recurso a la justicia, imagen que es rotundamente falsa y que se traducirá en un enorme daño para un sector que emplea a muchos españoles y contribuirá a profundizar en la crisis económica".

 

   CAMBIOS LEGALES

   Por su parte, el eurodiputado verde David Hammerstein destacó que "de nada ha servido los intentos desesperados sin argumentos del PP y del PSOE de evitar el reconocimiento político europeo de lo obvio: el modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente".

 

   "Ya no valen defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales y tomar medidas visibles para mostrar a los europeos que el Estado español y los gobiernos autonómicos toman en serio las críticas recibidas a lo largo de los últimos 5 años. Para recuperarse de esta mala imagen y palpable realidad, urge la acción, no palabras defensivas", afirmó en un comunicado.

 

   "La aprobación del informe Auken manda un claro mensaje político y jurídico a la sociedad y gobiernos centrales, autonómicos y municipales, ya que hace una llamada a las instituciones españolas y a las europeas para que se actúen con toda su fuerza y legitimidad contra la borrachera urbanística que ha sufrido España durante los últimos años, y que además resulta ser una de las causas principales de la dura crisis económica que sufrimos", resaltó Hammerstein.

 

   "Habrán de tomar buena nota del mismo los ayuntamientos, los juzgados, los gobernantes, los legisladores, y hasta la misma Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia, que tramitan distintas denuncias relacionadas con los abusos urbanísticos", apuntó.

 

   En el mismo sentido se expresó el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que subrayó que "la aprobación del informe ha sido un varapalo a la política especulativa del PP y el PSOE". "El informe reconoce que España ha desarrollado un modelo de crecimiento económico devastador, tanto para el medioambiente como para la propia economía española", insistió.

 

   "Con la aprobación de este informe queda demostrado que la Comisión está facultada para interrumpir la aprobación de fondos estructurales, así como a hacer correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa europea. Asimismo, el Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario", explicó Meyer.

 

   Y resaltó que la Eurocámara reclama "una moratoria de los planes urbanísticos que no respetan los criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social". "Hablamos de centenares de proyectos que están en este momento siendo observados con atención desde Europa", dijo.