La Fiscalía da la razón a los denunciantes de Villa PSOE y no ve delito contra el honor

(PD).- Pepiño Blanco les había amenazado: "Se van a enterar ustedes de quien soy yo". Ellos no se amedrentaron y la Justica se ha puesto de su parte. La Fiscalía ha pedido la desestimación de la demanda presentada por el alcalde de A Illa, José Manuel Vázquez, y tres ediles más contra José Carlos y Raimundo Piñeiro, portavoces hasta hace poco de Cafines por supuestas difamaciones y atentado al honor.

En un comunicado, José Carlos Piñeiro y Raimundo Piñeiro –miembros del SUGC que destaparon el escándalo de Villa PSOE, el complejo de viviendas de lujo a pie de playa en el que José Blanco tiene un ático y otros dirigentes del PSOE gallego ha comprado apartamentos– explican que el fiscal les ha dado la razón en el juicio por la querella que presentó el Alcalde de la Isla de Arosa, José Vázquez y otras personas vinculadas con dicha corporación del PSOE, por un supuesto delito contra el honor.

La acusación particular no tiene la misma visión. El abogado que representa los intereses del regidor de A Illa y de los tres ediles que formaban parte de la comisión de gobierno que dio luz verde al desarrollo del área de reparto de O Furado entiende que se ha causado un claro perjuicio a estas personas, solicitando al juez una indemnización de 10.000 euros, informa El Faro de Vigo.

Entiende el representante jurídico que existen una serie de hechos probados como son las manifestaciones continuas, por parte de los dos acusados, insinuando que en esa urbanización se cometieron "pelotazos en toda regla o caciquismo puro y duro". Sin embargo, las más graves acusaciones son las de que "se falsificaron informes urbanísticos, irregularidades como que la obra incumple la Ley de Costas, e incluso hablan de blanqueo de capitales y conductas delictivas cuando está más que probado que no existe nada".

Los denunciantes recuerdan asimismo que Villa PSOE "es para beneficio vacacional de una parte de la casta política, judicial etc; al mismo tiempo que se estaba procediendo al derribo de casas de ciudadanos (Tenerife, Marín, Pontedeume, Moaña, Cantabria, Etc), que llevaban construidas más de cincuenta años; y al mismo tiempo, el mismo PSOE, en el Gobierno bipartito de la Xunta de PSOE y BNG de Touriño y Quintana, había prohibido edificar en una línea de 500 metros a contar del borde de la costa". Por si fuera poco, añaden que "está previsto derrumbar (viviendas) en toda la costa gallega por aplicación de la legalidad vigente en materia del litoral".

Por eso, además de la indemnización, la demanda presentada contra los dos antiguos portavoces de Cafines, hoy altos mandos del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) sirva para limpiar de sospecha a sus representados. "No todo vale en la crítica política y esto es un claro ejemplo de lo que la Ley define como difamación: imputación de hechos delictivos falsos y juicios de valor", indicó el abogado.