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El agujero negro de las Teresitas

 

Justicia y Sociedad afirma que el caso de Las Teresitas sitúa a Canarias liderando el ránking de pelotazos urbanísticos y de corrupción del Estado español

 

• ¿Puede alguien despertarse y ver que la casa donde vive ha desaparecido del mapa y del registro del Ayuntamiento?

• ¿Puede un albañil conseguir que una caja de ahorros le dé un crédito de 33 millones de euros? La respuesta fue sí en Las Teresitas, la playa más cercana a Santa Cruz de Tenerife.

 

 

Fuente:Interviú

 

03/11/08

Políticos de Coalición Canaria, PSOE y PP, abogados, constructores... Las fuerzas vivas de Santa Cruz de Tenerife se sumaron al plan de reurbanización de la playa de Las Teresitas, un “pelotazo de libro”, según el informe de Hacienda. ¿Todas? Todas no. Como en la legendaria aldea gala de Astérix, un puñado de vecinos resiste desde hace diez años el empuje de las excavadoras y el abandono de sus políticos.
Los resistentes son personas como Lola, instalada allí desde 1963 y que una mañana de hace diez años se encontró con una vecina que le preguntó: “¿Tu casa es tuya todavía?”.
Aquella mañana, Lola se enteró de que unos poderosos empresarios iban a construir allí. Que el Ayuntamiento había aprobado el proyecto. Que todos los concejales, de todos los partidos, votaron a favor. Lola fue al Registro de la Propiedad. “El funcionario –recuerda– me dijo: «¿Usted no ha vendido su casa?». Trajo el libro, buscó el plano y me dijo, abriendo las manos: «Todo esto es de Inversiones Las Teresitas»”. Su casa había desaparecido del plano del Ayuntamiento. “Me volví loca, no podía comer ni dormir”, asegura Lola.
“Fue un ‘shock’, te dicen que todo lo que tienes ha desaparecido, ves que te lo han robado así: en el registro, con papeles. Mi casa era un fantasma”, recuerda Ana Gutiérrez, otra vecina afectada.

Más vecinos fueron al Ayuntamiento. “El alcalde no nos recibió. Estuvimos con el señor Parejo [imputado en la causa], el concejal de Urbanismo, que nos dijo que nos podían dar un apartamento en la playa”, insiste uno de ellos. María de la Rosa Baute, 35 años viviendo allí, recuerda cómo un abogado llamado Mauricio Hayek les dijo que eran okupas y tenían que irse. “Nos avisaron –añade– de que si denunciábamos, la justicia era muy lenta. Vivíamos de prestado. No sabíamos cuándo iban a venir las palas”.
Hayek defendía los intereses de los vecinos; pero, según admitió ante el juez el hijo del constructor Antonio Plasencia –uno de los compradores– cobraba de la empresa que compró los terrenos: Inversiones Las Teresitas. El abogado fue detenido en junio pasado y quedó en libertad, aunque sigue acusado de apropiación indebida. La policía ha descubierto que tiene a su nombre bonos y otros “activos financieros” por valor de unos cuatro millones de euros. Hayek alega que ese dinero es fruto de sus años de trabajo.

Cuatro millones de euros son “el chocolate del loro” en Las Teresitas, asegura un investigador del caso. El informe del Ministerio de Hacienda incluido en el sumario –en el que están imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (Coalición Canaria); su concejal de Urbanismo, Manuel Parejo; el secretario y el interventor municipal y los entonces líderes del PSOE, Emilio Fresco, y del PP, José Emilio García Gómez– revela que los dos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, ganaron más de 18.000 millones de pesetas (108 millones de euros) “sin arriesgar ni una sola peseta de su bolsillo y con la ayuda incomparable y extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

“Tengo la conciencia muy tranquila –declara a interviú el alcalde, Miguel Zerolo–. Las Teresitas es un tema que lleva cincuenta años de problemas y yo traté de darle una solución. El beneficio que ganaron los empresarios nace de una sentencia del Supremo que les permitía edificar y de las condiciones del mercado. Si se quiere evitar esos beneficios tan grandes, que el Estado lo regule”.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la policía (los mismos que han rastreado el dinero de la mafia rusa y el de la corrupción en Marbella) siguen el rastro el dinero de Las Teresitas. Han investigado en un complejo turístico en Baja California (México). También, si los imputados tenían a su nombre cuentas secretas en la isla de Man, un paraíso fiscal. Sin resultado. También, si les tocaba la lotería, o si tocaba demasiado. Sólo el alcalde, Miguel Zerolo, había ganado a la lotería. Dos veces. Algo más de diez millones de pesetas en 2000 y 2001. Él lo reconoció y lo recuerda: “Suspendí un pleno e invité a periodistas y concejales para celebrarlo”.

Lo cierto es que, hasta ahora, los investigadores no han encontrado nada al alcalde y sólo han hallado unos 100.000 euros en una cuenta corriente abierta en Estados Unidos por otro de los investigados, según ha podido saber esta revista. Una cantidad fácilmente justificable entre empresarios y personas que mueven tanto dinero.

Ahora la policía busca por todo el mundo dinero y cuentas a nombre de otras personas más o menos cercanas, media docena de posibles testaferros. “Es posible que estemos ante un pacto de caballeros. El dinero pasa a manos de otras personas, que no tienen nada que ver con los implicados”, resume un perito en casos de corrupción urbanística. “Si es así, es casi imposible dar con el dinero”, admite, aunque añade una última esperanza: “Con este tipo de gente y este volumen de dinero, los pactos de caballeros siempre tienen algún papel, algo, en alguna caja fuerte, en un escritorio”. El alcalde insiste en que no tiene ni una cuenta en el extranjero: “Me han mirado a mí, a mi familia, si tengo cuentas fuera... Yo no mamé un duro en esa historia”. Añade que ha sido “juzgado y condenado en estos tres últimos años”.

La invasión de Las Teresitas empezó en 1998, cuando Cajacanarias (ver recuadro) concedió un crédito de 5.600 millones de pesetas (33,6 millones de euros) a un peón de albañil llamado Felipe Armas. El albañil admitiría ante el juez que “el dinero era de don Ignacio... Me dijo que iba a hacer una operación en la que él no podía aparecer”. Don Ignacio es Ignacio González, presidente de la Cámara de Comercio, y era también consejero de Cajacanarias; es decir, tenía voto para decidir si el banco daba un crédito a su albañil, lo que hizo con rapidez.
El segundo capítulo llegó en 2001. Según el informe de Hacienda, tras “actuaciones en la sombra que ha debido haber (...) el Ayuntamiento se pliega a los intereses” de los empresarios. El acuerdo “fue rubricado sin luz ni taquígrafos, a espaldas de las instancias pertinentes del Ayuntamiento, de los funcionarios y de la opinión pública”. La conclusión es demoledora: “El Ayuntamiento olvida sus propios actos, se enfrenta a un gasto muy considerable sin que exista causa para ello”. Se acepta pagar el 65 por ciento de los 52,5 millones en el acto y mediante un cheque. “!Qué casualidad! –escribe el ministerio de Hacienda–, el 65 por ciento se parece como una gota de agua a la cifra que se debe a Cajacanarias. El excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, viendo ahogado al promotor, acude presto en su socorro”. Hacienda utiliza incluso la ironía: “En menos de 15 días hábiles la en otros tiempos paralizada Administración Local española realiza los trámites... Una muy alta autoridad se encuentra meciendo la cuna para que todas las dificultades tengan una rapidísima respuesta que cierra puertas a impugnaciones”.

A Las Teresitas, los empresarios no llevaron riqueza. Lo que sí llegaron fueron palas y excavadoras. En 2007, el Ayuntamiento empezó a construir un centro comercial pegado al cementerio, que los resistentes bautizaron como “mamotreto”. Se suponía que iba a ser un aparcamiento para la playa, pero mutó en centro comercial. El Ayuntamiento empezó la obra sin el permiso de la Dirección de Costas. La presión popular ayudó, y en marzo de este año las obras se paralizaron. El paisaje del mamotreto en construcción y abandonado sobre la playa –con vigilancia privada pagada para evitar robos de materiales– es fiel reflejo del disparate de Las Teresitas.

Los vecinos han seguido luchando. “Cuando venían los obreros a trabajar aquí, nos poníamos de seis de la mañana a seis de la tarde en la caseta. Éramos personas mayores custodiando el terreno de sol a sol”, cuenta Juan, uno de los propietarios. “Hicimos un chiringuito para que no nos diera el sol, porque si no nos comía”, recuerda su hermana Goya, señalando un lugar cubierto parecido a algún puesto fronterizo donde algún último guerrillero hace guardia.

Apoyados por grupos como Justicia y Sociedad, Ínsula Viable y la coordinadora ecologista El Rincón, los vecinos han resistido durante más de diez años. Algunos han logrado ya que los tribunales revoquen la decisión de echarles de sus casas. Diez años después de que sus casas desaparecieran del mapa, el alcalde Miguel Zerolo sí acepta que ellos también han vivido un calvario, indefensos, aunque matiza: “Es un tema civil y algunos parece que pueden tener razón: ni cobraron ni vendieron sus casas. La justicia decidirá, y algunos recibirán indemnizaciones”.