AMA. Asociación de Maltratados por la Administración
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AMA. Asociación de Maltratados por la Administración 
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Blog . Por Una Cantabria más justa
- más de 4.000 inocentes son hoy víctimas de la Administración en Cantabria
- ADMINISTRACIÓN-(GOBIERNO DE CANTABRIA Y AYUNTAMIENTOS) CONDENADOS (CON 21 SENTENCIAS DE DERRIBO)
¿QUE ES AMA?UNA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LAS VICTIMAS DE LAS SENTENCIAS DE DERRIBO, Y DE TODAS AQUELLOS, QUE VEN PISOTEADOS SUS DERECHOS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
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LAS VICTIMAS DE LAS SENTENCIAS DE DERRIBO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA
Estimado Presidente:
La Asociación AMA, que agrupa a cerca de 4.000 personas afectadas por sentencias de derribo que condenan a la Administración, y como portavoz de las mismas manifiesta:
Las víctimas de las sentencias de derribo llevamos más de una década esperando de las diferentes administraciones un solución definitiva, sabiendo que en cualquier momento nuestros hogares pueden ser destruidos por la piqueta de la injusticia.
Esta situación está deteriorando y minando nuestra salud, ocasionando sucesos verdaderamente penosos como consecuencia de la angustia y el estrés que llevamos viviendo durante tantos años.
Este colectivo se encuentra totalmente indefenso, no siendo ni parte en los procesos judiciales, donde todo se ha solventado entre los denunciantes (ARCA) y los condenados (las Administraciones).
Los tribunales, a través de 23 sentencias, han condenado a la Administración y en un caso concreto se ha pedido por parte del TSJC que se abran diligencias informativas por si los miembros de la Comisión Regional de Urbanismo han podido incurrir en algún delito penal. Desde nuestra Asociación creemos firmemente que lo importante es buscar soluciones para todos.
Esperamos de la sensibilidad de nuestro presidente, además de un reconocimiento de la situación de injusticia de este colectivo, un apoyo para las iniciativas que hagan posible restablecer la situación de derecho que teníamos cuando compramos nuestras viviendas.
Para ello, son necesarias actuaciones en varios campos:
En vía parlamentaria:
Ø Modificaciones legislativas que hagan posible la legalidad de nuestras viviendas tal y como las adquirimos.
Ø Pronunciamiento del Parlamento de Cantabria del reconocimiento de la situación de injusticia que vive este colectivo como consecuencia de las actuaciones de la Administración.
Ø Modificaciones legislativas para que ningún ciudadano pueda comprar una vivienda sin saber que sobre la misma pesa una demanda.
Desde el Gobierno de Cantabria, a través de su Presidencia y de las diferentes Consejerías
Ø Conceder el “status” de víctimas a los ciudadanos que de buena fe hemos comprado una vivienda, a los efectos de adoptar las siguientes medidas:
o Creación de un organismo que ayude a los afectados, tanto en la situación legal de sus viviendas, problemas administrativos…, como en los problemas de salud que este colectivo está sufriendo.
o Reuniones periódicas Administración – afectados e información detallada e individualizada de la situación jurídica de cada vivienda y las medidas para su posible legalización.
Ø Agilizar los procesos que actualmente están pendientes en organismos del Gobierno de Cantabria.
Ø Aplicar el derecho comparado. Actualmente la Junta de Andalucía está legalizando más de 25.000 viviendas en Marbella y otras 3.000 en Jaén, en otras comunidades como las de Murcia, Cataluña, Madrid y Castilla-León se han realizado actuaciones que han permitido resolver este tipo de problemas, así como en la Comunidad Valenciana donde el Parlamento ha actuado resolviendo conflictos similares.
Ø Asumir responsabilidades de Urbanismo de aquellos Ayuntamientos que han demostrado sobradamente su incompetencia en el citado campo, incumplimiento reiteradamente sus propias normas, las autonómicas y las estatales.
Ø Dotar de un mayor presupuesto y de personal suficiente a la Dirección General de Urbanismo para que pueda desarrollar su trabajo con mayor agilidad para el beneficio de todos los ciudadanos.
Ø Requerir a los Ayuntamientos implicados el desarrollo de medidas que hagan posible la resolución de la actual situación, sea a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana o de otros instrumentos útiles.
Ø Dar medios a los distintos tribunales para que puedan adoptar las resoluciones pertinentes que hagan posible que nuestras viviendas cumplan la legalidad vigente.
Por último, las víctimas de esta situación, le pedimos voluntad política para solucionar este problema y para que nadie en nuestra comunidad pueda sufrir una situación tan triste e injusta. Queremos hacer entre todos una Cantabria más justa y esperamos de su gestión un apoyo activo que haga posible la desaparición de estas injusticias en nuestra Comunidad.
LA CREACION DEL MIEDO OPCION DE LOS DICTADORES
Concluida la segunda guerra mundial un periodista entrevistó al presidente ruso, Stalin, si prefería la adhesión a su persona por parte del pueblo por “convicción o por miedo”, respondió “por miedo porque las convicciones se pueden cambiar y el miedo garantiza la adhesión”.
Stalin era el lider de una dictadura, la del proletariado -¡pobre proletariado víctima, como el que más, de los gulag siberianos!-.
Cuando pienso en esta respuesta y analizo mi situación de víctima de unas Administraciones -Locales, Atonómica y Judiciales- que a través de sus injusticias e ilegalidades y de 23 sentencias que amenazan con el derribo de mi casa y de la de cerca de 4.000 ciudadanos, me digo “¿no estoy sufriendo en mis propias carnes el mismo modelo que anhelaba y consiguió el dictador ruso?”.
Estoy seguro de que es así por el siguiente razonamiento: si las Administraciones citadas hubieran actuado por convicción y desearan que la respuesta de los ciudadanos que gobiernan fueran, asimismo, por convicción, mantendrían las normativas iniciales que dieron lugar a que se construyeran y se habitaran unas viviendas que contaban con todos los requisitos legales cuando dichos ciudadanos las compraron y las habitaron.
Si hubieran actuado por convicción no hubieran aceptado delaciones arteras y hubieran comprobado “in situ” tales denuncias; no hubieran modificado condiciones iniciales de legalidad y, en caso contrario, hubieran permitido que las víctimas pudiesen personarse antes los tribunales para defender sus derechos, algo que constitucionalmente es exigible.
Ninguna de las Administraciones que hoy denuncio han aceptado el juego democrático de la actuación por convicción y han preferido considerarnos a nosotros, verdaderos ciudadanos y evidentes víctimas, como súbditos y someternos mediante el miedo, la amenaza, la delación, el engaño, la demagogia, la mentira y la negación del derecho constitucional a una verdadera tutela judicial.
En una palabra, han optado por el totalitarismo del poder y el sometimiento al silencio. A este sistema no se le puede llamar democracia. Al que lideró durante años el lider ruso se le calificó de dictadura, la dictadura del terror.
Nosotros, víctimas inocentes, que sólo contamos con el apoyo de esas víctimas inocentes representadas por AMA “¿no somos, acaso, víctimas del mismo terror que se identifica con el miedo…: el miedo, el desasosegante miedo de ver, con el dolor en el alma, que una decisión cobarde y despiadada, el día menos esperado, demuela nuestra casa, levantada con tántos sudores y sacrificios?”.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MALTRATADOS POR LA ADMINISTRACIÓN (AMA)
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Hay quien sostiene que la Justicia no existe, ya que es impartida por los hombres, con sus virtudes y defectos; que es una utopía. Juzgar es difícil, no lo dudamos, como tampoco la buena fe de los que la administran. Pero si a Themis, diosa de la Justicia, le cuentan que cientos de familias en Cantabria han sido condenadas, sin haber cometido delito ni haber sido juzgadas, seguro que estaría avergonzada.
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Se puede pensar que es imposible, que sin dolo, ni culpa, ni ilícito no se puede imponer pena ni condena. En el caso de la sentencias de derribo en Cantabria se ha producido todo esto, pero además con desamparo total por parte de las administraciones, incluida la Justicia, que ha tenido muchas oportunidades de evitarlo. Una condena dura, larga, pública e injusta.
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Primero: Al inicio del proceso, cuando se presentó la demanda a través de la acción popular. Los jueces, a instancia de parte, pudieron tomar medidas preventivas o cautelares, para que los ‘Terceros de Buena Fe’ no quedaran atrapados en una trampa judicial que con el tiempo se ha convertido en una estafa institucional: Venta de viviendas ilegales como si fueran legales.
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1. Se pudo paralizar las obras, dado que pudieran devenir en ser ilegales, como así ha sucedido.
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2. Se debió avisar a los ‘Terceros de Buena Fe’ para que supieran de las irregularidades que existían en las citadas viviendas.(Debió hacerlo también el Ayuntamiento)
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3. Se tenían que haber realizado las Anotaciones Preventivas en el Registro de la Propiedad. Si el demandante, ARCA, hubiera realizado estas anotaciones, las familias no hubieran comprado, hoy no estaríamos hablando de este tema, y quizás el POL también sería diferente.
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Nada, absolutamente nada de esto se hizo, dejando totalmente desprotegidos a los compradores de las viviendas con el siguiente escenario: las constructoras con quiebras fraudulentas, los Ayuntamientos recibiendo la financiación de estas constructoras. ARCA, según sus palabras, «buscando hacer el mayor daño posible al Gobierno», éste mirando al limbo ante la corrupción urbanística y las irregulares.
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Segundo: En el transcurso del proceso, los jueces tenían incluso la obligación de avisar a los ‘Terceros de Buena Fe’, familias con un interés directo en los procesos para que pudieran defender sus derechos.
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Esto no se hizo, de tal forma que se celebró un proceso que acaba con la sentencias de derribo de las viviendas de unas familias que ni siquiera han sido oídas. Vamos, para llorar. ¿Qué garantías han tenido?, ¿por qué la Justicia no les ha dejado defender su propiedad, adquirida con todos los permisos? .
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Tercero: En el proceso de ejecución de sentencias. A la Sala le consta la situación de indefensión y desamparo de nuestras familias, sabe de las resoluciones del Parlamento Europeo, del Parlamento de Cantabria, del Defensor del Pueblo. Es conocedor del Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria y de las actuaciones de los ayuntamientos, ya que todo ello ha sido presentado como incidentes de ejecución.
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Sin embargo, no se toma ninguna medida preventiva para mitigar o compensar la situación de estas familias, cuando hasta para el pago a la empresa que va a derribar se embargan bienes del Ayuntamiento, parece muy difícil de asimilar. Dejar niños de cinco años y ancianos en la calle es de lo más injusto que la Justicia y las demás administraciones responsables pueden hacer.
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No tenemos ninguna duda del daño que nos están haciendo, tampoco lo tenemos del que se está produciendo a la credibilidad de las instituciones y del funcionamiento de algo tan importante como es la administración de la justicia.
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Actuaciones de la Sala como el reconocimiento de los daños morales, aunque sea en cuantías mínimas, el reconocimiento de nuestras familias como víctimas, la suspensión temporal de las sentencias de derribo, nos hizo albergar ilusiones sobre la reparación del daño ocasionado. Pero fue un espejismo, que se diluyó como la nieve con el viento sur. Las resoluciones judiciales han ido cayendo una detrás de otra, apagando, hasta ahora, cualquier intento de buscar soluciones.
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Con esto no queremos decir que la Justicia sea la culpable de todos nuestros males, pero cuando la Justicia no es justa lo pagamos todos, y a pesar de la separación de poderes, cuando no tiene instrumentos para su aplicación, también lo puede, y debe, poner de manifiesto.
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Hay que recordar que los ayuntamientos y Gobierno de Cantabría son los culpables de nuestra situación, no les quitamos ni un ápice de responsabilidad. Desde el presidente del Gobierno hasta el último concejal que dio vía libre con su voto a las irregularidades. Han tenido más de 10 años para subsanar sus actuaciones pero, aunque nos duele decirlo, en este proceso todos han tenido su parte de culpa, y la Justicia ha sido un cooperador necesario.
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Ahora que parece que los ayuntamientos, Gobierno e incluso el propio Parlamento están trabajando en posibles soluciones, pedimos a la Justicia su colaboración para terminar con esta triste historia.
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Comprar una vivienda se ha convertido en un acto de alto riesgo en Cantabria. Más de 10.000 viviendas pueden sumarse a la lista de sentencias de derribo, y la cifra sigue creciendo. Cuando una familia entre en una inmobiliaria, que se tenga que preocupar de cómo pagar el piso ya es suficiente carga. Ayudémosles a que sepan lo esencial, que la vivienda es legal.
Los sres. demandantes, que en lugar de dar carnés de demócratas ayuden a las familias inocentes. Estamos totalmente de acuerdo con ellos en la búsqueda de los responsables, a nadie han hecho más daño que a nosotros. Pero un poco de autocrítica. No puede ser que todos los demás seamos los que vamos en dirección contraria por la autopista de la realidad.
Lo manifestado se realiza desde el respeto a la Justicia y a todas las instituciones, desde el acatamiento de sus resoluciones, desde la disposición a la colaboración. Es nuestra visión de la realidad, realizada con los cristales del dolor y el desamparo que nuestras familias notan cada día. Desde el sentimiento de llevar condenados más de una década, sin ni siquiera haber sido juzgados.
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